La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS), advirtió que el proyecto de ley que busca autorizar un nuevo retiro de fondos de los afiliados a las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFPs), esta vez por hasta cuatro unidades impositivas tributarias, es anticonstitucional, por lo que instó al Poder Ejecutivo a observarlo en caso el Congreso de la República insista en su aprobación.
El gremio empresarial explicó que dicho proyecto vulnera el Artículo 11 de la Constitución, el cual establece que el Estado garantiza el libre acceso a pensiones a través de entidades privadas, como son las AFPs.
Igualmente, el Artículo 12 que señala que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Además, la primera disposición final y transitoria de la Constitución, que refiere, en su parte pertinente, que “las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales (…) deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación”.
“En tiempos de vejez, las pensiones son nuestro seguro para afrontar problemas de salud, principalmente. Las pensiones del sistema privado deben ser consideradas parte de la seguridad social, de ahí que son intangibles”, manifestó PERUCAMARAS.
Advirtió que las anteriores autorizaciones de retiro de fondos, que se dan desde el 2016, han dañado profundamente las futuras pensiones de los afiliados y tampoco han contribuido a superar la crisis económica.
“Dichos fondos estaban diseñados para no ser tocados, a fin de que constituyan un auxilio para los adultos mayores al llegar a la jubilación. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs ha estimado que por cada S/. 1,000 que retire hoy un joven de 30 años, este dejará de ganar más de S/ 4,000 cuando llegue a los 65 años”, señaló.
Riesgos de los retiros
Agregó que se calcula que, debido a estos retiros, no menos de dos millones de peruanos se han quedado sin pensión y que según el Banco Central de Reserva, desde el 2016 los fondos de los afiliados a las AFPs se han reducido, por lo menos, en S/. 53,000 millones.
“¿Quién cubrirá luego ese forado para permitir que los adultos mayores gocen de una vida digna en su jubilación? Con toda seguridad seremos los contribuyentes, a través del pago de mayores impuestos que serán creados por el Estado, quien, una vez más, se lavará las manos”, aseveró la organización a través de un informe legal.
Lamentó que el Tribunal Constitucional haya señalado que no hay certeza sobre el riesgo de desfinanciación de los fondos de pensiones porque “el afiliado, si así lo decide, pueda restituir los fondos retirados”, lo cual es un argumento difícil de sostener.
“El problema es identificar a la pensión como si fuera propiedad privada. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido uniforme -excepto por su actual composición- en señalar que la pensión no lo es, pues se diferencia de los atributos clásicos de la propiedad privada”.
“El Tribunal Constitucional, en pronunciamientos del 2004 y el 2012, aclaró que la pensión no puede ser objeto de actos de libre disposición como una compraventa o donación, lo que sí es posible hacer para un propietario. Además, la pensión no se transmite por la sola autonomía de voluntad de la persona que fallecerá, a diferencia de la propiedad. Entonces, al no ser la pensión lo mismo que una propiedad privada, los fondos de las AFPs no se pueden usar para fines extrapensionarios”, explicó PERUCAMARAS al precisar que, sin embargo, la pensión sí forma parte del patrimonio del afiliado.
Por ello, invocó al Poder Ejecutivo a observar dicho proyecto -cuyo debate en el pleno del Congreso está previsto para la sesión de mañana jueves- en caso sea aprobado.
Igualmente, pidió al Tribunal Constitucional a hacer respetar la intangibilidad de los fondos previsionales en las Afps, declarando inconstitucional toda ley que propicie el retiro de sus fondos. Criticó, de igual forma, que este nuevo retiro no esté condicionado a que el aportante esté desempleado, no haya hecho aportes al fondo por un número determinado de meses, ni vaya a usar ese dinero para la compra de un inmueble, pues se trata de un retiro “incondicionado”.
Finalmente, bseñaló la necesidad de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo inicien un proceso real de reforma del sistema previsional, cuyo principal objetivo sea asegurar una pensión que garantice una vida digna para los millones de peruanos al momento de su retiro.
