El gobierno de Javier Milei en Argentina está implementando severas medidas de ajuste económico, que hacen evocar parte de lo realizado en el Perú en 1990, según comentó Scotiabank.
En su reporte semanal, indicó que Argentina y el Perú tienen un punto de partida en común en esta historia. Ambos estuvieron en hiperinflación.
En Argentina, la inflación acumuló 786,000%; y en el Perú, 8’700,000% entre 1987 y 1990. Para reducirla, en ese entonces Argentina optó por la fórmula del “ancla cambiaria”, fijando el tipo de cambio en una proporción de un peso igual a un dólar.
El Perú optó por el “ancla monetaria”, echando candado a la emisión de dinero (conocida como “maquinita”). Los resultados fueron similares en un inicio, pero solo uno fue sostenible.
Inicialmente, la inflación se redujo en ambos casos, pero durante los últimos 20 años, la inflación en Argentina se ubicó en 24% promedio anual con una tendencia creciente, a tal ritmo que este año se aproximaría al 200%, no registrado desde 1991, escenario otra vez de hiperinflación.
La inflación en el Perú se ubicó en 3.2% promedio anual en ese mismo lapso. La diferencia es que el Perú cuenta con un banco central autónomo, que ejerce una política monetaria moderna basada en metas de inflación, con la moneda más estable de la región y una gestión reconocida internacionalmente. En Argentina, el banco central depende de las decisiones de los gobiernos de turno.
Medidas contra hiperinflación
Para atacar la hiperinflación, el presidente Javier Milei considera una reforma hacia el libre mercado, con una reducción significativa del tamaño del sector público (37% del PBI) por lo que las primeras medidas tuvieron un foco fiscal.
Primero, se optó por la reducción del número de ministerios de 18 a 9, disminución del 34% de los cargos políticos en la administración pública, acompañado de medidas de recorte de gasto público y mayor recaudación por el equivalente a 2.9% del PBI, que incluyen la reducción de subsidios.
La meta del gobierno es alcanzar un déficit fiscal primario (sin incluir pago de intereses) de cero en el 2024. El gobierno pretende apoyarse en el logro de esta meta para ganar credibilidad.
En su diagnóstico, el gobierno considera que la génesis del problema es fiscal. El plan ha considerado la reducción de subsidios a la electricidad y el transporte, para lo cual ha declarado en emergencia energética hasta diciembre de 2024 para ajustar las tarifas eléctricas y de gas natural, y ha optado por la intervención de los respectivos organismos reguladores. Asimismo, ha llamado a audiencia pública para fijar las tarifas de transporte para el próximo 8 de enero.
